Progreso Yucatán .- La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso local, María Esther Magadán Alonzo (morena) denunció que el exalcalde panista de Progreso, Julián Zacarías Curi, habría incurrido en una serie de irregularidades patrimoniales y actos presuntamente constitutivos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado.

“Estamos hablando de que se puede configurar un enriquecimiento personal a costa del poder. Estamos hablando de negocios familiares disfrazados de actos legales. Estamos hablando de la traición al pueblo de Progreso y de todo Yucatán, dijo la legisladora al revelar el contenido de una denuncia anónima.

Afirmó que ante la gravedad de las acusaciones dará vista inmediata a la Auditoría Superior del Estado por presunto uso indebido de recursos públicos; al INSEJUPY, para que colabore con las autoridades competentes para brindar información sobre el patrimonio declarado por el ex alcalde y sus familiares directos para fines de investigación.

Igualmente a la Fiscalía General de la República por presunta participación en hechos relacionados al ¨huachicol fiscal¨ y a la Fiscalía Anticorrupción por todos los posibles hechos descritos en la mencionada denuncia.

Manifestó que entre el contenido del anónimo está que durante el periodo 2018 –2024, en el que Zacarías Curi ocupó la presidencia municipal de Progreso, sus hijos, que en ese entibces eran estudiantes, adquirieron diversos predios a precios notoriamente inferiores al valor real de mercado.

Mientras otras propiedades en la misma zona, con medidas casi idénticas y adquiridos en mismas fechas, se vendieron en precios muy superiores ¨rondando en 6 millones de pesos¨, operaciones que, a primera vista, sugieren un trato privilegiado y simulación de transacciones.

Uno de estos predios adquirido, en enero de 2024, por uno de sus hijos fue donado posteriormente en usufructo vitalicio a Zacarias Curi y posteriormente arrendado por éste a una empresa privada en 232 mil pesos mensuales por 10 años, en condiciones que generan ingresos millonarios.

“Un giro ordinario de una empresa comercial común difícilmente logre cubrir este monto tan alto pactado por 10 años”, observó la diputada.

Mencionó que ese predio fue cateado y clausurado recientemente por autoridades federales en el marco de investigaciones sobre el robo y venta ilegal de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”.

En el docuento se menciona, aseguró, posibles conflictos de interés y tráfico de influencias como se consigna en un acta de sesión de Cabildo, otorgando una anuencia definitiva de funcionamiento para un restaurante en el malecón de Progreso solicitado por su representante legal que resultó ser el hijo del ex alcalde, negocio vinculado a familiares del mismo, lo cual refuerza la percepción de un uso indebido del poder público para beneficio privado.