Mérida Yucatán .- Con el objetivo de estar en armonía a nivel local con diversos aspectos derivados de la reforma federal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se extinguieron siete organismos constitucionales autónomos, el Ejecutivo estatal presentó este día ante el Congreso del Estado una reforma constitucional que busca, en congruencia, responder a la situaciones derivadas de los cambios en el orden federal.
Con la reforma presentada ante el Congreso local por el Gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, se sientan las bases para dar paso a una nueva concepción del ejercicio de la transparencia, derivada de que las atribuciones de esos organismos fueron retomadas por la administración pública federal, por lo que ya no estarán dispersas en organismos que escapan de la rectoría y la vigilancia del Estado.
Lo entregado hoy al Congreso constituye una primera fase de todas las reformas que van a presentarse en materia de transparencia. En ella se está planteando la extinción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a fin de que sus atribuciones sean retomadas por cada uno de los sujetos obligados a nivel local, esto en términos de la obligación normativa establecida en los transitorios de la reforma federal del 20 de diciembre de 2024.
Lo siguiente es reformar el Código de Administración Pública de Yucatán (CAPY), la Ley de Transparencia y algunos reglamentos que tienen que ver con la materia, además de que también se está proponiendo la extinción del Centro de Innovación Tecnológica de Yucatán, ya que actualmente se encuentra en desuso y no está ejerciendo las funciones para las cuales fue creado porque fue sustituido por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), que fue dotada de atribuciones en materia de innovación y tecnología en Yucatán.
Al respecto, el pasado 31 de diciembre de 2024, a través del Decreto 33/2024, se reformó el Código de la Administración Pública de Yucatán en materia de economía, ciencia, humanidades, tecnología e innovación y fortalecimiento de la educación superior en el estado; para dotar a la SECIHTI de las funciones en materia de tecnología e innovación.
Por ello, en cumplimiento de la austeridad republicana y del mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal, se propone extinguir dicho organismo constitucional autónomo estatal.
Asimismo, se establecen disposiciones para llevar a cabo la transferencia de sus recursos a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y se destaca que, de no extinguirse el organismo local, se estaría actuando en contraposición al espíritu de las reformas federales.
Además, en el caso concreto del Centro de Innovación Tecnológica de Yucatán, se estaría manteniendo en el marco jurídico del Estado a un órgano inoperante cuyas funciones pueden ser ejercidas por la secretaría mencionada, sin la necesidad de contar con la burocracia y el gasto excesivo que representa un organismo constitucional autónomo.
Finalmente, se destaca que en la siguiente etapa de iniciativas se planteará la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituiría a la actual Contraloría del Estado, y se puntualiza que la última fase corresponde a la modificación de reglamentos, por lo que ya no sería necesario acudir al Congreso.
