Autor: Roberto Ponce Molina

Hay palabras que, cuando reaparecen en política, no anuncian el futuro: invocan el pasado. Una de ellas es “orden”. el orden moral, solemne, mayúsculo, convertido en consigna. Cuando una autoridad proclama que “2026 será el año del Orden”, no está proponiendo una agenda de gobierno: está agitando un fantasma.

Y en Mérida, ese fantasma tiene larga memoria.

El “orden” es uno de los conceptos más viejos, más gastados y más peligrosos del repertorio autoritario. No porque signifique reglas claras —eso lo hacen las leyes—, sino porque históricamente ha servido para suspender la política, deslegitimar el conflicto y señalar al disidente como anomalía. El fascismo siempre empieza así: corrigiendo conductas.

No hay nada original en esta retórica. Benito Mussolini hablaba de orden para restaurar la grandeza romana; Adolf Hitler lo convirtió en “Nuevo Orden” para purificar la sociedad; Francisco Franco lo usó para congelar España durante décadas. En América Latina, el eco fue igual de claro. Porfirio Díaz lo sintetizó con una fórmula que todavía resuena en el inconsciente conservador mexicano: orden y progreso. Primero el orden —la obediencia, la mano dura, la paz de los cementerios—; después, si acaso, el progreso… para unos cuantos.

La llamada “paz porfiriana” fue eso: un orden sin justicia, sostenido a base de fascismo que ordenó caminos, mientras excluía pueblos enteros. Yucatán lo sabe bien. Aquí, como en pocos lugares del país, el orden siempre fue una coartada de las élites para conservar privilegios y definir quién pertenecía y quién no.

Por eso el discurso del orden no cae en terreno neutro. Mérida es una ciudad con nostalgia conservadora: se piensa a sí misma como excepcional, distinta, tranquila, “bien portada”. Esa autoimagen —tan repetida como frágil— necesita siempre un otro que la amenace. separa a quienes “pertenecen” de quienes no. No hace falta nombrar enemigos; el fascismo moderno ya no lo hace. Le basta con sugerirlos.

¿Quién rompe el orden?
¿Quién genera fricción social?
¿Quién no respeta “las normas no escritas” de la comunidad?

La respuesta se construye sola: los que llegan de fuera, los que no comparten códigos culturales, los que visibilizan desigualdades, los que hacen evidente que la ciudad está cambiando. El discurso del orden convierte procesos sociales complejos —migración interna, crecimiento urbano, diversidad cultural— en faltas morales. Y eso es profundamente autoritario.

El giro más peligroso del discurso aparece cuando se dice que las personas conocen sus derechos, pero también sus obligaciones. Ese “pero” es el corazón del fascismo. Porque en el pensamiento autoritario los derechos nunca son incondicionales: se conceden solo a quien se comporta conforme al orden establecido. El derecho deja de ser universal y se vuelve premio por obediencia.

Eso no es liberalismo.
Eso no es republicanismo.
Eso es autoritarismo facistoide.

Basta con hablar de fricción social, de normas que “no se respetan”, de ciudadanos que deben aprender no solo sus derechos, sino —cómo no— sus obligaciones. El que se porta bien pertenece; el que no, estorba.

Aquí el sarcasmo se impone solo. Resulta enternecedor que el orden se venda como garantía de confianza, cuando históricamente ha sido el pretexto favorito para desconfiar del otro. Que se invoque la comunidad para imponer homogeneidad. Que se hable de armonía para negar el conflicto. El orden, en este discurso, no organiza la ciudad: la divide.

Y cuando la política divide en el lenguaje, excluye en la realidad. No hace falta policía política; basta con una narrativa que divida entre ciudadanos ejemplares y ciudadanos problemáticos. Entre los que “sí respetan” y los que “generan fricción”. Así opera el fascismo cuando se disfraza de civismo.

Que este lenguaje emerja ahora no es casual. Aparece cuando el cambio se acelera, cuando la transformación territorial, demográfica y económica rompe certezas. El orden es siempre la palabra de quienes no quieren que llegue el futuro, sino preservar una imagen congelada del pasado. Es la nostalgia convertida en programa y su estrategia es normalizar el lenguaje del orden, instalar la idea de que la autoridad debe proteger a la “buena comunidad” de quienes la alteran. Así se prepara el terreno para políticas de exclusión, control y persecución simbólica, siempre en nombre de la tranquilidad y la armonía.

Conviene decirlo sin rodeos: el problema no es administrativo, es ideológico. El discurso del orden no busca mejorar la ciudad; busca disciplinarla. No aspira a una Mérida plural, sino a una Mérida correcta. Y la historia es clara: cada vez que el orden se convierte en fetiche político, El progreso empieza a encogerse.

Por eso el título no es exagerado. En 2026, en Mérida, el fantasma del fascismo vuelve a recorrer la ciudad. No grita, no marchita, no impone aún. Sonríe, habla de reglas, invoca la comunidad y promete tranquilidad. Pero siempre hace lo mismo: señala, separa y prepara el terreno.

La pregunta no es si el orden es necesario.
La pregunta es a quién sirve cuando se convierte en consigna.

Y esa, la historia, ya la respondió demasiadas veces.